Organizaciones civiles advierten que consulta por decreto vulnera la Constitución

Colombia

Varias organizaciones de la sociedad civil y centros de pensamiento alertaron sobre las implicaciones democráticas del anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular mediante decreto, a pesar del concepto negativo emitido por el Senado de la República. En un comunicado conjunto, advirtieron que dicha decisión representa una violación del procedimiento constitucional.

“Una convocatoria como la anunciada por el Gobierno Nacional vulnera abiertamente el procedimiento constitucional y legal, que establece la aprobación previa del Senado como requisito habilitante para una consulta popular de origen gubernamental”, señalaron los firmantes.

Además, calificaron el anuncio como un “abuso y desnaturalización del propósito del mecanismo de participación ciudadana consagrado en el artículo 104 de la Constitución”.

Llamado a las instituciones y la comunidad internacional

El pronunciamiento hace un llamado explícito a diferentes actores del sistema democrático para que respondan ante esta situación:

1. Al Gobierno Nacional: A que no firme el decreto de convocatoria, pues “amenaza con quebrantar abiertamente el principio de separación de poderes y el marco constitucional y legal vigente en Colombia”.
2. A las altas cortes: En especial a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado, para que reafirmen “la supremacía de la Constitución de 1991” y, si lo consideran oportuno, decreten medidas cautelares y de suspensión provisional.
3. Al Congreso de la República: Para que continúe ejerciendo con independencia el control político y legislativo frente al poder ejecutivo.
4. A la comunidad internacional: A que observe con atención la situación en Colombia, como parte de lo que califican como “un preocupante retroceso democrático a nivel global”.

Una advertencia más allá de lo político

Las organizaciones firmantes recalcaron que no se trata de un asunto ideológico ni de una controversia pasajera. “Es un desafío directo al orden constitucional que nos rige desde 1991”, afirmaron. También enfatizaron que “romper las reglas de ese pacto fundamental no fortalece a la ciudadanía, ni amplía ni protege sus derechos. Por el contrario, debilita el marco que la protege y despeja el camino hacia el despotismo”.

En el cierre del documento, se hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante: “El respeto por las reglas constitucionales no es mero formalismo: es la garantía de que el poder no se ejerza sin control”.

El comunicado fue emitido en Bogotá el 4 de junio de 2025. Hasta el momento, la Casa de Nariño no ha respondido a este pronunciamiento.