¿Reforma para la justicia indígena en Colombia? Plantean cambios ante castigos a menores

El reciente caso de una menor de 17 años que fue atada al techo de una choza y golpeada con palos de caña por varios hombres en el resguardo Gitó Dokabú, en el municipio de Pueblo Rico, ha reavivado el debate sobre los límites de la jurisdicción indígena en Colombia.

Las imágenes del castigo, grabadas por los mismos testigos del hecho, generaron indignación nacional y motivaron pronunciamientos de diversas entidades estatales y organizaciones sociales.

Ante este escenario, el excongresista José Obdulio Gaviria alzó su voz en 6AM de Caracol Radio para proponer una revisión profunda de la justicia especial indígena, consagrada en el artículo 246 de la Constitución Política.

Gaviria afirmó que este tipo de justicia, tal como está concebida actualmente, “proviene de una concepción completamente alejada de la ciencia, de la antropología y de la historia misma”.

Una justicia sin formación jurídica

Gaviria expresó su preocupación por el hecho de que, en muchos casos, las autoridades indígenas que imparten justicia no tienen formación jurídica ni criterios técnicos que garanticen los derechos fundamentales de las personas, especialmente de los menores de edad.

“Pretender que personas sin ninguna capacitación, simplemente porque son indígenas, puedan impartir justicia, realmente es un absurdo”, señaló el exsenador.

Criticó que prácticas como el cepo, los azotes y las detenciones en condiciones precarias sigan siendo consideradas penas aceptables en algunos territorios, a pesar de vulnerar principios básicos de los derechos humanos. “Es una justicia ineficaz e ineficiente”, puntualizó.

Reforma constitucional y debate nacional

De acuerdo con Gaviria, la solución pasa necesariamente por una reforma constitucional que revise los alcances de la jurisdicción indígena. Reconoce que este debate será políticamente complejo, especialmente en un contexto donde el gobierno ha fortalecido los sistemas autónomos indígenas en salud y educación. Sin embargo, considera que es urgente poner fin al “buenismo progresista” que, según él, idealiza las prácticas ancestrales sin evaluarlas críticamente.

“El buen salvaje es una idea romántica, no un criterio jurídico”, dijo Gaviria, aludiendo a conceptos discutidos en textos recientes de autores como Axel Kaiser. “Hay que hacer un reanálisis de todo ese debate para que podamos decidir si esta justicia especial debe mantenerse o no”.

Jurisdicción indígena vs. derechos fundamentales

El excongresista recordó que, fuera del ámbito indígena, no existe en Colombia otra jurisdicción paralela con competencias penales. Enfatizó que ni siquiera la Iglesia Católica ,mencionada durante la entrevista como posible analogía, tiene hoy jurisdicción para juzgar delitosfuera del marco civil o canónico. “La única excepción vigente es la justicia indígena, y eso merece una revisión urgente”.

El caso de la menor en Pueblo Rico, que actualmente recibe protección del Estado mientras avanzan investigaciones y procesos tanto en la jurisdicción indígena como en la Fiscalía, se convierte así en el más reciente detonante de una controversia que toca el corazón del pluralismo jurídico colombiano.

Finalmente, Gaviria hizo un llamado a todos los sectores del país a priorizar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes indígenas por encima de cualquier consideración cultural o jurídica. “La Constitución y los tratados internacionales son claros: ningún sistema de justicia puede estar por encima de los derechos fundamentales”.