Defensoría del Pueblo pide garantizar derechos de campesinos judicializados en Jericó, Antioquia
Según la defensoría del pueblo, se debe garantizar los derechos a la protesta y la defensa del medio ambiente.
Dos de ellos comparten el mismo nombre / Getty Images / Bruno Malfondet
Jericó, Antioquia
La Defensoría del Pueblo de Colombia expresó su rechazo a la judicialización de once líderes campesinos y defensores del ambiente en Jericó, Antioquia, al considerar que estas decisiones deben ser proporcionales, respetuosas del derecho a la defensa del ambiente y alineadas con los principios constitucionales y el Acuerdo de Escazú.
La entidad recalcó que alzar la voz frente a posibles afectaciones ambientales no puede ser motivo de persecución ni criminalización. Para la Defensoría, esta situación no puede abordarse únicamente como un asunto penal, sino que debe ser entendida como parte de un conflicto estructural y socioambiental que ha marcado históricamente a esta región del suroeste antioqueño.
En pronunciamientos anteriores, la Defensoría ha advertido sobre los efectos nocivos de una minería sin control, señalando que impacta de forma diferenciada a comunidades vulnerables, afectando derechos fundamentales como la vida, la salud, el agua y la seguridad alimentaria. Por ello, reiteró la necesidad urgente de establecer controles eficaces y una regulación ambiental estricta que proteja tanto a las personas como a los ecosistemas.
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Además, la institución hizo un llamado a las autoridades judiciales para que consideren la ausencia de antecedentes violentos de los líderes investigados y reconozcan que su accionar se ha enfocado en la defensa del agua, la vida y el territorio, sin motivaciones personales. En este contexto, el uso del derecho penal como herramienta de represión constituye una vulneración a lo establecido por el Acuerdo de Escazú, que obliga a los Estados a proteger a quienes defienden los derechos humanos y el ambiente.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso con la protección de los líderes y lideresas ambientales, y recalcó que su labor es legítima y esencial para la justicia ambiental e intergeneracional en Colombia. También subrayó que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones seguras para el ejercicio de la defensa ambiental y el derecho a la protesta pacífica.
