Condenan a cuñado de exgobernador del Putumayo a 36 años de cárcel por feminicidio
El abogado John Pardo asesinó a Mónica Guerra en el año 2013, con quien sostuvo una relación extramarital. El caso había empezado de cero por orden de la Corte Suprema de Justicia.
Condenan a cuñado de exgobernador del Putumayo a 36 años de cárcel por feminicidio
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Carretera conocida como el 'Trampolín de la muerte'. En la imagen de referencia está el abogado John Pardo. Tomada por: Luis Ernesto Caicedo, Caracol Radio.
UNIDAD INVESTIGATIVA ⋅ Caracol Radio conoció en primicia que una jueza de Mocoa condenó a 36 años de cárcel y expidió orden de captura inmediata para el abogado John Eduardo Pardo por la muerte de Mónica Guerra el 15 de julio del año 2013.
Pardo es uno de los abogados más influyentes en el Putumayo, ha trabajado en distintas entidades de la región y es el cuñado del cuestionado exgobernador del departamento, Buanerges Rosero Peña.
La Unidad Investigativa de Caracol Radio cuenta la historia de una relación extramarital que terminó en tragedia, relaciones de poder que supuestamente buscaban la impunidad del caso y una jueza indígena que dictó su sentencia en medio de amenazas y presiones.
El hallazgo: rescate del cuerpo en plena lluvia
El Trampolín de la Muerte es la única carretera que conecta a Mocoa, en Putumayo, con la ciudad de Pasto, en Nariño. Es una trocha angosta, de constantes derrumbes, sin señal telefónica ni avisos de tránsito y un vértigo que padecen los conductores: a un lado la majestuosa montaña y al otro un imponente abismo.
Carretera conocida como el 'Trampolín de la muerte'. Tomada por: Luis Ernesto Caicedo, Caracol Radio
A un lado de esa carretera, específicamente en el kilómetro 104, donde se encontraba una vieja y abandonada casa, habitantes de la zona encontraron el cuerpo de Mónica Guerra y avisaron a las autoridades en la tarde del 15 de julio del año 2013.
Solo hasta en la noche fue recuperado el cuerpo, en medio de una zona de difícil acceso y la lluvia que ya se había llevado por el monte, los rastros de sangre de Mónica y otros materiales probatorios clave en la investigación.
Carretera conocida como el 'Trampolín de la muerte'. Tomada por: Luis Ernesto Caicedo, Caracol Radio
No fue la policía judicial a realizar el levantamiento, de hecho, le pidieron el favor a los bomberos del municipio de San Francisco que lo hicieran por la dificultad del terreno y otras condiciones de seguridad.
La necropsia era contundente: Mónica tenía un disparo en la cabeza. También se identificaron heridas en sus cachetes y labios. El dictamen confirmó que la mujer había sido maltratada físicamente antes de su asesinato.
Carretera conocida como el 'Trampolín de la muerte'. Tomada por: Luis Ernesto Caicedo, Caracol Radio
Amorío, obsesión y tragedia
John Pardo es un reconocido abogado en la región y ha trabajado en diferentes entidades. Está casado con María Janeth Rosero Peña, hermana del cuestionado exgobernador del Putumayo, Buanerges Rosero Peña.
Abogado John Pardo, cuñado del exgobernador del Putumayo, Buanerges Rosero Peña. Tomada de una audiencia.
Para la época de los hechos, Mónica Guerra trabajaba como secretaria de John en la oficina que tenía en la Defensoría Pública de Mocoa. Ahí empezó una relación amorosa clandestina.
En el interrogatorio que rindió en juicio, el escolta del abogado, Edwin Mercado, detallaba los encuentros con Mónica. “La distinguí y la vi en varias ocasiones con el doctor John Pardo. Ella tenía alguna relación sentimental con el doctor”, dijo el policía retirado en juicio.
Pronto los rumores de un supuesto amorío llegarían a oídos de Carlos Ágreda, con quien Mónica ya tenía dos hijas y un matrimonio. Según el expediente, el esposo reprochó la traición con quien fue uno de sus amigos de infancia, pero ella se arrepintió, pidió una segunda oportunidad y estaba dispuesta a recuperar su hogar.
La reconciliación y el perdón llegaron a esta familia, pero la obsesión John Pardo no dejaba en paz a Mónica. Cuentan los testigos en el juicio, entre ellas la mejor amiga de la víctima, que cuando la mujer cortó la relación extramarital, el hombre no estuvo de acuerdo: la acosaba y presionaba en su trabajo y vigilaba sus movimientos a las afueras de su casa.
El 15 de julio de 2013 Mónica decidió poner un ultimátum. Salió de una reunión en el colegio de sus hijas temprano en la mañana y se encontró con John en la terminal de transportes de Mocoa. Sin embargo, el abogado la obligó a subir a la camioneta que tenía vidrios polarizados.
Fue la última vez que el escolta Edwin la vio con vida. “Siempre estuve pendiente, pero me percaté que en algunas ocasiones la camioneta se movía. El doctor John me pidió comprar hielo y luego me ordenó subir al vehículo. Noté que la señora Mónica estaba toda sumisa, escondía su rostro, pero sí alcancé a ver que tenía golpeado su pómulo. No me pareció nada extraño ya que en diferentes ocasiones eso era normal en la relación de ellos”, dijo.
Según el expediente, John Pardo renunció a la protección de su escolta Mercado y le ordenó que se fuera a Pasto en transporte público en donde supuestamente iba a tener una reunión de trabajo. El abogado se quedó con Mónica en la camioneta, condujo por el Trampolín de la Muerte, discutió con ella, la asesinó y abandonó su cuerpo en el monte. De regreso a Mocoa, le confesó el crimen a su escolta, a quien le tenía mucha confianza.
“Lo que él me manifiesta es que, no sé qué discusión tuvieron, pero la señora Mónica le había dicho a él que le iba a contar todo a la señora, a la mujer del doctor (María Janeth). Entonces, él reaccionó de mala forma, se llenó de rabia o ira. Me contó que dentro del vehículo le propinó un disparo a la señora Mónica”, dijo en juicio el escolta, quien vio a John en ese momento en un estado de angustia, alteración y nervios.
Un acuerdo ‘revictimizante’ y presiones al escolta para callarlo
Antes de que iniciara el juicio, en el año 2016, la Fiscalía negoció un preacuerdo con John Pardo, quien aceptó el asesinato, pero argumentando un estado de ira e intenso dolor.
Un juez del municipio de Sibundoy lo condenó por homicidio simple a tan solo 36 meses de prisión y luego el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa aumentó la pena a 80 meses.
Fue entonces cuando la defensa de la familia de Mónica Guerra acudió a la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia que ordenó investigar nuevamente el feminicidio de Mónica al considerar que hubo un acuerdo ‘revictimizante’.
El juicio empezó de cero y esta vez, en medio de amenazas y de intentos de la defensa de dilatar el proceso para que prescribiera, la jueza Andrea Arteaga aplicó la perspectiva de género y condenó a John Pardo a 36 años de prisión por homicidio agravado y ordenó su captura inmediata.
En el proceso, quedó el testimonio del escolta Edwin Mercado, quien denunció amenazas e intimidaciones por parte de John Pardo para que no hablara a las autoridades. “Le decía que, si hablaba, se daría cuenta porque tenía muchos conocidos en la Fiscalía y en la Policía”.
Escolta del abogado, Edwin Mercado. Tomada de la audiencia.
Relató que su protegido solía manifestarle: “Usted no me va a fallar a mí”. Además, asistió a reuniones sociales organizadas por el abogado Pardo con personas desconocidas que se encontraban armadas, lo cual consideró intimidante.
En consecuencia, manifestó que solicitó en varias oportunidades su traslado porque no se sentía cómodo trabajando con John Pardo. Sin embargo, dicha decisión dependía de sus superiores y, según expuso, él mantenía una relación estrecha con el coronel de la época, con quien hablaba de manera informal, lo que le hacía sentir que no tenía a quién acudir.
Una sentencia histórica en la región contra ‘alguien intocable’
La jueza Andrea Arteaga Juajibioy, es la primera mujer indígena en Mocoa, Putumayo. A sus manos llegó el caso de Mónica Guerra, que estaba a punto de prescribir y quedar en impunidad. La sentencia se emitió en mayo 2025, casi 12 años después del crimen.
Esta vez sí se aplicó una perspectiva de género y las conclusiones de la jueza fueron contundentes. “Entre el acusado, JOHN EDUARDO PARDO NARVÁEZ, y la víctima, MÓNICA PATRICIA GUERRA, existió una relación amorosa clandestina, caracterizada por una profunda asimetría de poder, condicionada no solo por la superioridad jerárquica y económica del acusado, sino también por su capacidad para influir en la vida laboral y personal de la víctima”.
Dijo la jueza Arteaga que “esa relación, lejos de constituirse en un vínculo sano y consensuado, estuvo permeada por patrones de violencia psicológica, manipulación emocional, celos patológicos y control coercitivo, elementos que encajan dentro del concepto de violencia de género en las relaciones íntimas”.
“El 15 de julio de 2013, la señora MÓNICA PATRICIA adoptó una decisión firme: terminar definitivamente la relación. En esa fecha, confrontó al acusado, rechazó sus amenazas, y le advirtió que no permitiría más injerencia en su vida. Este acto de dignidad y autonomía fue interpretado por el acusado como un desafío intolerable. La negativa a continuar la relación quebrantó el control que había ejercido sobre ella, lo que motivó una reacción violenta, desproporcionada y letal”, dice la sentencia de la jueza, conocida por Caracol Radio.
Y añadió: “Al unísono, la conducta perpetrada por el encartado no solo constituye una grave transgresión al bien jurídico de la vida, sino que además refleja patrones estructurales de dominación masculina y desigualdad histórica, el ejercicio de la violencia física hasta el punto de llegar a la letalidad contra una mujer con la que sostenía una relación de poder y control. Esta circunstancia impone al Juzgado el deber de emitir un mensaje claro de intolerancia estatal frente a la violencia por razones de género”.
Durante las audiencias que lideró la jueza Artega, el abogado de John Pardo, el señor Jaime Cabrera, habría tenido conductas inapropiadas, incluyendo gritos, descalificaciones públicas y comentarios sobre la rutina de la jueza.
Jaime Cabrera, abogado del procesado. Señalado de amenazar a la juez y de conductas que pretendían dilatar el juicio. Tomada de audiencia.
“Resulta especialmente preocupante la actitud de desobediencia sustentada en comportamientos de corte marcadamente machista, evidenciada en reiteradas ocasiones al poner en entredicho la idoneidad profesional de esta judicatura. Es claro que tales situaciones difícilmente habrían ocurrido si la titularidad del despacho correspondiera a un hombre”, denunció con contundencia la juez Arteaga.
Por lo anterior, la jueza compulsó copias para investigar al abogado Cabrera. “Lo anterior pone en evidencia que, lamentablemente, aún persisten expresiones de machismo en el ejercicio profesional ante los estrados judiciales”.
