Estudio revela perfil vulnerable de vendedores ambulantes en el centro histórico de Tunja

Tunja

El semillero de investigación Estado, Instituciones Políticas y Participación Ciudadana, adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, presentó los resultados de una caracterización socioeconómica de los vendedores ambulantes ubicados en el centro histórico de la ciudad. El estudio, desarrollado entre enero y mayo de 2025, busca contribuir al diseño de políticas públicas más incluyentes y sostenibles para esta población.

Una investigación con rostro humano

La presentación del estudio se realizó el 19 de mayo en las instalaciones de la universidad y contó con la participación de autoridades locales, representantes del SENA, la Policía Nacional, la Secretaría de Gobierno Municipal y líderes de asociaciones de vendedores informales como COOPAZ. Más de 90 estudiantes del programa de Derecho participaron activamente en la investigación, bajo la coordinación de la docente e investigadora Nora Milena Cano.

“El propósito de este ejercicio investigativo fue conocer a fondo las condiciones sociales, económicas, familiares y personales de los vendedores ambulantes del centro histórico de Tunja. No se trata de estigmatizar ni de ver este grupo como un problema, sino de entender que se trata de un fenómeno social que ha estado presente en la ciudad desde hace décadas”, explicó Cano.

Hallazgos claves: género, edad y situación laboral

El estudio identificó un total de 149 vendedores ambulantes activos en el centro histórico, de los cuales el 67% son mujeres. De este grupo, el 61% son madres cabeza de hogar, una cifra que revela una fuerte feminización del trabajo informal y que, según Cano, “demuestra cómo muchas mujeres asumen simultáneamente roles productivos y reproductivos, lo que debe ser contemplado dentro de cualquier política pública orientada a la equidad de género”.

Otro dato relevante es el rango etario de esta población: el 61% de los vendedores tiene entre 50 y 70 años, lo que evidencia un claro envejecimiento del sector. “Esto nos lleva a pensar en la urgencia de desarrollar políticas previsionales adecuadas. Si estas personas ya cumplieron o están próximas a cumplir la edad de jubilación, el Estado debe garantizar su mínimo vital, tal como lo establece la Constitución”, afirmó Cano.

Pobreza, salud y acceso a la educación

En términos de protección social, el 98% de los vendedores no cotiza al sistema pensional, mientras que el 92% está afiliado al régimen subsidiado de salud. Estas cifras reflejan una alta vulnerabilidad social y una precaria inserción en los sistemas de seguridad social.

El nivel educativo también es un factor limitante: el 64,8% de los encuestados solo cuenta con educación primaria y el 35,2% alcanzó el nivel de bachillerato. Esta baja escolaridad reduce las oportunidades de inserción laboral formal y contribuye a la permanencia en el comercio informal.

Adicionalmente, el estudio reveló que el 34,1% de los vendedores acude a créditos informales, como el llamado “gota a gota”, lo que pone en riesgo su estabilidad financiera. “Estas formas de endeudamiento informal se convierten en trampas de pobreza difíciles de superar”, advirtió Cano.

Discapacidad y exclusión: focos de atención urgente

Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es que el 38,3% de los vendedores ambulantes presenta algún tipo de discapacidad, lo que agrava su situación de vulnerabilidad. “Algo está pasando en esta población y necesitamos prestar atención. La política pública no puede seguir siendo homogénea, debe tener enfoques diferenciales, en este caso, un enfoque de discapacidad”, insistió la investigadora.

Rechazo a la reubicación y propuestas de solución

El estudio también abordó el polémico tema de la reubicación de los vendedores. Según los resultados, el 83,2% manifestó estar en desacuerdo con ser trasladado a otros espacios. “Muchos de ellos llevan más de 30 años en los mismos puntos, tienen baja escolaridad, son adultos mayores y consideran que ese lugar es su única fuente de ingresos. Por eso, cualquier proceso de reubicación debe ser concertado, gradual y socialmente acompañado”, explicó Cano.

Frente a las medidas de control aplicadas por las autoridades, como la implementación del Código Nacional de Policía, Cano fue enfática: “No se trata solo de imponer medidas coercitivas. Se requiere una política pública con enfoque social, que contemple a esta población como parte integral del tejido urbano y económico de la ciudad”.