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Gobierno expide acuerdo para cerrarle el paso a la corrupción con el PAE y entidades estatales

El Nuevo Acuerdo Marco de Precios, fija estándares y condiciones técnicas para la adquisición de productos de alimentación.

Archivo Caracol Radio

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Colombia

Desde junio de 2025, todas las entidades estatales en Colombia estarán obligadas a adquirir alimentos a través del nuevo Acuerdo Marco de Precios diseñado por la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente. Esta iniciativa busca mejorar la transparencia y democratizar las compras públicas de alimentos, beneficiando especialmente a los pequeños productores y a la economía popular.

El nuevo acuerdo establece estándares técnicos unificados para la adquisición de productos perecederos y no perecederos, que abastecerán programas como el de Alimentación Escolar (PAE), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las Fuerzas Militares, y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), entre otros.

Uno de los principales objetivos del mecanismo es facilitar la participación de proveedores de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, permitiendo que entidades públicas compren directamente al menos el 30% de los alimentos a pequeños productores, en cumplimiento de la ley 2046 de 2020. Además, el mecanismo de Agregación de Demanda estandariza las fichas técnicas de los alimentos, con el apoyo del Invima, lo cual permitirá una mayor equidad y transparencia en los procesos de contratación.

La fecha límite para que los interesados se postulen como proveedores es el 19 de mayo. Se espera que en los próximos dos años este acuerdo trance más de $6 billones y que permita incluir a más de mil pequeños proveedores en todo el país, desconcentrando así la contratación, que actualmente depende de pocos grandes actores.

Según el comunicado emitido por el Gobierno Nacional, este cambio representa una apuesta por un modelo más inclusivo y eficiente de contratación pública, fortaleciendo la economía local y garantizando una mejor distribución de los recursos públicos destinados a la alimentación de poblaciones vulnerables.

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