El Estado no es buen administrador, dicen gremios económicos en el Valle del Cauca
Gremios no estarían de acuerdo con propuesta de Petro de que el Estado administre puertos y aeropuertos, por el contrario, la experiencia demuestra que se incrementa la corrupción

Sectores gremiales en el Valle no estarían de acuerdo con que el gobierno sea el que administre los puertos y aeropuertos del país / Foto: Caracol Radio Cali
Sectores gremiales en el Valle no estarían de acuerdo con las intenciones del presidente Gustavo Petro de que el gobierno sea el que administre los puertos y aeropuertos del país.
Recordemos que en el consejo de ministros el mandatario le pidió a la ministra de Transporte que buscara los mecanismos por los cuales el gobierno podría tomar la administración de los puertos y aeropuertos del país, el argumento es que, dice el presidente, la violencia ha aumentado en los municipios donde éstos se encuentran porque estarían siendo utilizados con fines de narcotráfico y contrabando.
“Los puertos deben tener radicalmente otra administración, porque han sido cooptados por narcotraficantes y su otra cara, que son los contrabandistas. Esta acción tiene que desplegarse lo más inmediatamente posible. Estamos analizando los temas jurídicos”, enfatizó el jefe de Estado.
La propuesta ha generado reacciones inmediatas en el Valle del Cauca, relacionadas especialmente por Buenaventura, sede del principal puerto sobre el Pacífico colombiano.
Líderes del sector empresarial y político regional han expresado preocupación. Gustavo Muñoz, presidente del Grupo Multisectorial del Valle, fue enfático: “Es preocupante porque sin desconocer el problema de seguridad, de narcotráfico y contrabando que se mueve por puertos y aeropuertos, también hay que decir que sería un retroceso desmontar las alianzas público-privadas que han impulsado el desarrollo en Colombia desde la apertura económica.”
Gustavo Muñoz, presidente el Grupo Multisectorial del Valle del Cauca
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Muñoz señaló que el gobierno no cuenta con la capacidad técnica ni administrativa para asumir directamente la operación de esta infraestructura clave. “El gobierno sabemos que no es bueno para administrar. Hay muchos cargos que no se asignan por meritocracia, sino por intereses políticos”, aseguró.
Para el líder empresarial, la solución no es que administre el gobierno Nacional, sino fortalecer la capacidad de control y seguridad del Estado. “El papel del gobierno debe ser robustecer las instituciones como la DIAN, la Policía Fiscal y Aduanera, y asegurar que haya funcionarios bien seleccionados y mejor remunerados para ejercer controles efectivos”, agregó.
En línea con esta postura, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, Afirmó que los muelles del puerto de Buenaventura que ella conoce como TC buen y Aguadulce no tienen relación con el narcotráfico ni el contrabando, por el contrario “son puertos que realmente tienen inversiones extranjeras, tienen inversiones colombianas, que por lo que nosotros sabemos no tienen ninguna relación con el narcotráfico. Son puertos de hace muchos años y que han venido prestando el servicio al Valle del Cauca y al país y por supuesto, en el tema de competitividad han sido fundamentales” enfatizó Toro.
Sin embargo, aprovechó para hacer un llamado al gobierno recordándole al presidente que lo que realmente necesita el puerto no es cambiar de administración sino “la profundización del canal, porque si nosotros no profundizamos el canal, lógicamente los puertos de Perú, el chino que está en Perú y el de Guayaquil nos están quitando competitividad y esa es una de las cosas que hemos discutido con la señora ministra e incluso con el señor presidente, que tenemos que profundizar el canal a 16.5 o 17 m para lograr que realmente la competitividad de Buenaventura continúe”.
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Consultada por este medio, la Sociedad Portuaria de Buenaventura informó que, por el momento, no emitirán una declaración oficial y están a la espera de que el Ministerio de Transporte brinde mayor claridad sobre los alcances de la propuesta presidencial.
Muñoz también advirtió sobre los efectos negativos que esta incertidumbre podría tener sobre la inversión privada en infraestructura. “El ejemplo es el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Al acabarse la concesión, el gobierno ha dilatado el proceso y eso genera desconfianza. Las aerolíneas y empresarios del clúster aeroespacial no saben qué decisión tomar, porque si esto queda en manos del gobierno de turno, hay temor. El sector público es un mal administrador”, concluyó.